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31 diciembre 2013 2 31 /12 /diciembre /2013 06:43

Balance de 2013

 

Miedo, paro, peligro, amenaza, inseguridad, tristeza, indefensión, desconfianza, corrupción, desequilibrio, vulnerabilidad, desprotección, inquietud, malestar, depresión, inestabilidad, irresponsabilidad, injusticia, empobrecimiento, fracaso, pánico

 

Que la justicia NO es igual para todos, es un hecho que los ciudadanos percibimos a diario en los medios de comunicación, siempre ha sido así, depende en  gran parte de las posibilidades de contratar servicios profesionales,  en estos últimos años es mayormente constatable e inadmisible dadas las circunstancias políticas, sociales y económicas tan adversas que estamos padeciendo.

Los miedos a los que nos enfrentamos los ciudadanos a diario no son ficticios, tienen explicación, el miedo viene firmado y fechado por desconocidos, en cartas certificadas,  personas identificadas con números, en el mejor de los casos, por autoridades, sus agentes, inspectores, abogados, asociaciones al servicio de algunos… profesionales investidos de una sagrada misión en la que están llamados a salvarnos de nuestras propias iniquidades.

Las amenazas que nos inquietan aparecen por cualquier sitio y se producen en los momentos menos imprevistos; usar el vehículo, desplazarse, intentar ahorrar en consumo energético se ha convertido en un riesgo constante que nos atenaza en cualquier esquina, badén, puente, parque... allí se esconden, nos fotografían desde el aire, por las calles, en nuestras casas,  nuestros vehículos; toda la modernidad de las nuevas tecnologías a favor de los servicios públicos.

 

Tras varios años de profunda crisis económica que tan lesiva está resultando a la mayoría de  ciudadanos y empresas de este país, donde los ingresos en los hogares se han reducidos de forma drástica, así como las necesidades vitales, básicas y elementales, donde no tenemos acceso a créditos, donde no deja de aumentar la presión fiscal por parte de las Administraciones Públicas,  hay que sumar una campaña sancionadora por parte del Ayuntamiento de Madrid en este 2013, donde la excesiva cuantía de éstas están resultando especialmente gravosas a esta ECONOMÍA DE SUBSISTENCIA, que si bien tienen un efecto preventivo y disuasorio de las conductas infractoras, también percibimos los ciudadanos como la manifestación de una VORACIDAD RECAUDADORA DESPROPORCIONADA, que nos fuerza a renunciar a nuestros derechos constitucionales.

 

La Administración local -además de la autonómica y estatal- consciente y sabedora de estas dificultades económicas, utiliza la desestimación a alegaciones y recursos como norma para resolver los expedientes sancionadores mediante técnicas burocráticas poco garantistas, basadas en fórmulas estereotipadas, redactadas en formularios genéricos, sin atender a las características de cada caso concreto, toda vez que los ciudadanos no podemos hacer frente a los gastos que suponen recurrir judicialmente, a fin de defendernos de una legalidad y jurisprudencia ininteligibles, pues resultaría aún más perjudicial, caso de poder acceder a ella, a nuestros intereses económicos, aunque el proceso judicial nos fuese favorable.

 

La múltiple y compleja coexistencia de Administraciones, Departamentos, Organismo oficiales…,  su intensa y variada producción jurídica y normativa, sus tecnicismos,  propician un alejamiento de los ciudadanos con los servicios administrativos, dificultando enormemente la comprensión de resoluciones y por tanto la capacidad de obrar en  defensa de nuestros derechos y libertades, aun a través de representantes legales.

 

La Constitución española garantiza el principio de legalidad, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos,  el derecho a la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse INDEFENSIÓN, y  la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

 

La presunción de veracidad basada exclusivamente en la eficacia de la acción administrativa es inadmisible, los derechos fundamentales no pueden sacrificarse a favor de la eficacia de la acción administrativa; ésta podría ser el efecto de la vigencia de estas presunciones de veracidad, pero nunca el fundamento.

 

 

Las Administraciones Públicas deben actuar con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley, y al Derecho, pero igualmente debieran respetar en su actuación los principios de BUENA FE y CONFIANZA legítima en sus relaciones con los ciudadanos.

 

Confío que este próximo año que ahora comienza nos permitan superar nuestras propias dificultades diarias, y se nos ofrezcan  principios sociales no reconocidos en las Leyes como son la oportunidad y  la solidaridad.

 

 

Madrid, 31 de diciembre de 2013

Pedro Moreno Parrina

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Published by Pedro Parrina - en ACTUALIDAD
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Comentarios

Luis Miguel 12/31/2013 08:05

Me temo que nuestros gobernantes estan a otra cosa, han puesto en marcha un plan de guerra de recaudaciòn y les vale cualquier medio, para qué van a gobernar pensando en el bien del ciudadano, se
les llena la boca cuando hablan de España y los españoles, mienten sin verguenza para llegar al poder, y mienten aun mas cuando lo tienen.
Solo estan ahí para velar por sus intereses y prevendas y al servicio del gran capital , donde terminaran cobrando en sus consejos de administracion, eso si añadido a sus pensiones vitalicias.
Esto solo lo arregla una revolucion

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  • Vivo por envidia al incondicional amor que me profesan unas pocas personas, mi madre, mi pareja, mis hermanos. Escribo corroído por la envidia que me provocan  Neruda, Benedetti, Lorca, Cervantes, etc.
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